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Del archivo de Con Sentido (abril de 2022): recuperamos esta colaboración de Alicia Lucio Rojas sobre el legaltech y la nueva generación de abogados. [Nota editorial: es una colaboración profesional publicada en 2022; se conserva como en la publicación original, solo con correcciones mínimas de erratas, y se omitió el cierre promocional del despacho.]
En esta revolución tecnológica, el abogado tradicional debe adaptarse al nuevo entorno y especializarse en este ámbito, de manera que es conveniente que adquiera amplios conocimientos en Derecho Digital y el uso de las nuevas tecnologías, tomando en cuenta la ciberseguridad.
¿Qué es el legaltech? La proliferación del uso de medios digitales se ha hecho evidente en casi todos los sectores de la economía, entre ellos el Derecho, donde el legaltech se constituye como la era digital del mundo del derecho, en la que los profesionales pueden especializarse. Entre otras cosas, le permite solucionar o automatizar la consulta sobre temas y procesos legales que, gracias al software adecuado, permiten actuar de manera telemática, y reducir el tiempo de trabajo de los profesionales a través de aplicaciones que simplifican los trámites: las plataformas web dan la posibilidad de realizar consultas en línea y de establecer contacto sin necesidad de acudir al despacho.
Cabe destacar algunos servicios dentro del ámbito legal en los que trabajan startups o proyectos basados en el legaltech: los que permiten autogenerar documentos legales o adquirir contratos de todo tipo directamente desde casa; los marketplaces jurídicos o servicios en línea que facilitan que el profesional se dé a conocer y que un potencial cliente encuentre al abogado que más le conviene por cercanía, costo u otros criterios; el campo de la analítica jurídica, consistente en el estudio de grandes volúmenes de jurisprudencia para conocer las respuestas más habituales de un determinado juzgado o predecir las probabilidades de éxito de un argumento legal; el crowdfunding legal, o la posibilidad de que a un particular le financien su reclamación legal; y los autoservicios legales para tareas como el registro de marcas.
Esta metodología, basada en el Legal Project Management, permite ofrecer total visibilidad sobre las etapas del proyecto legal, la ejecución de tareas y la consecución de los hitos, bajo las siguientes categorías:
- Gestión y administración jurídica: plataformas que buscan hacer más eficientes los procesos de la actividad jurídica, desde software para la gestión de despachos y de litigios hasta asistentes virtuales que utilizan chatbots con inteligencia artificial para ofrecer asesorías las 24 horas del día.
- Automatización de documentos y gestión de contratos: para elaborar documentos legales con solo responder un formulario y gestionar el ciclo de vida de los contratos (Contract Lifecycle Management), con seguimiento a su vigencia y fechas clave.
- Investigación jurídica: aplicaciones que ahorran enormes cantidades de tiempo al reducir trabajo de horas a solo minutos, con bases de datos de jurisprudencia, legislación, doctrina y análisis estadísticos.
- Marketplace: plataformas que conectan abogados especializados con clientes que buscan asesorías puntuales.
- Compliance y prevención de riesgos legales: plataformas que permiten monitorear prospectos, proveedores, clientes y empleados, así como dar seguimiento a casos y expedientes abiertos en las empresas por cumplimiento.
- Evidencias certificadas y firma electrónica.
- Resolución de disputas electrónicas: permiten solucionar conflictos sin necesidad de llegar a los juzgados.
Sobre el punto de la firma electrónica: en México cuenta con reconocimiento en el Código de Comercio. Su artículo 89 equipara la firma electrónica a la firma autógrafa y el mensaje de datos a la información documentada en medios no electrónicos, y el artículo 89 bis, adicionado en 2003, reconoce a los mensajes de datos efectos jurídicos y valor probatorio (Cámara de Diputados, texto vigente del Código de Comercio, consultado en noviembre de 2026).
Fotografía destacada: estatua de la Dama de la Justicia en el edificio de tribunales civiles de Melbourne, Australia. Fotografía de DP Singh Bhullar, vía Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 4.0.
































